La Fiscalía de Perú archivó de manera definitiva la investigación por el delito de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, al considerar que «no hay mérito» para acusarla constitucionalmente de esto, informó el martes el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

«Poco a poco la justicia se abre paso. No hay mérito para acusar constitucionalmente a la SPR (señora presidenta de la república) y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito», indicó el presidente del Consejo de Ministros en su cuenta de la red social X.

El ministro acompañó el mensaje con la publicación del documento rubricado por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que señala que se decidió «archivar definitivamente los antecedentes del presente caso, en el extremo del delito contra la humanidad, en la modalidad de genocidio».

El archivamiento de esta investigación beneficia también a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola; a los exministros del Interior Cesar Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, y al exministro de Defensa Jorge Chávez.

No obstante, se conoció que la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Boluarte y otros, «como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones de los derechos humanos».

Este proceso se produce en el marco de las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales que se presentaron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, luego de que Boluarte asumió el mando tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que los hechos están referidos a las protestas que se registraron en varias regiones del país y que dejaron 44 personas fallecidas, además de 116 personas con lesiones graves y leves.

La institución recordó que además existen 303 carpetas fiscales, «en las que se vienen investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daño a la propiedad pública y privada».

Se debe tener en cuenta que la denuncia constitucional debe recibir la aprobación del Congreso para posteriormente recomendar que se acuse a la persona que se investiga.