El programa Gas Bienestar, una de las apuestas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, no logró extenderse a todo el país como se prometió en 2021. Al finalizar el sexenio, el proyecto se mantiene limitado a solo nueve alcaldías de la Ciudad de México y continúa operando con subsidios, reportando pérdidas sostenidas y generando tensiones con empresas gaseras privadas.
A casi cuatro años de su arranque, Gas Bienestar no ha registrado ninguna utilidad y enfrenta severas dificultades financieras. Según informes oficiales, sus ingresos han caído progresivamente: de 254.3 millones de pesos entre enero y mayo de 2022, pasaron a 183.4 millones en 2023 y descendieron aún más a 174.4 millones en 2024. Sin embargo, estos ingresos no representan utilidades netas.
Desde su primer año, la empresa pública reportó gastos por mil 298.3 millones de pesos, principalmente por la adquisición de cilindros y la reparación de más de 800 mil tanques defectuosos. Esta inversión no fue suficiente para garantizar la seguridad del servicio: en octubre de 2023, una mujer falleció en la alcaldía Gustavo A. Madero tras una fuga en un tanque de Gas Bienestar.
El principal factor detrás de las pérdidas ha sido la política de precios máximos impuesta por el gobierno, que estableció el litro de gas LP en 10.61 pesos. Esta medida no solo ha generado déficits en Gas Bienestar, sino que también ha afectado a los distribuidores privados, quienes enfrentan un entorno económico que califican como inviable.
En su cuarto informe trimestral a la Cámara de Diputados, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que al cierre de 2024 tuvo que realizar una aportación de capital de 300 millones de pesos para cubrir las pérdidas de Gas Bienestar y su filial Gasolinas Bienestar. El documento también advierte que, debido a estas presiones, Pemex podría necesitar más deuda para sostener sus operaciones.
“Pemex tiene una deuda considerable… y podría requerir recursos de diversas fuentes de financiamiento”, señala el informe, aludiendo al riesgo que representan programas como Gas Bienestar para la viabilidad financiera de la paraestatal.
Cuando fue presentado en 2021, López Obrador prometió que el programa cubriría primero las 16 alcaldías de la capital para luego expandirse a ocho estados y, finalmente, al resto del país. Sin embargo, a la fecha, el servicio solo opera en nueve demarcaciones: Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Xochimilco.
La presión sobre el programa no solo es financiera. El pasado 15 de mayo, asociaciones de gaseros anunciaron un posible paro nacional para la primera semana de junio si no son recibidos por la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González, para discutir la situación de la industria.
Los empresarios del gas señalan que el tope de precios impuesto desde 2021 ha provocado una crisis operativa que ha resultado en despidos, cierre de compañías y una inminente parálisis del sector. Además, acusan a la Secretaría de Energía (Sener) de actuar de forma hostil y persecutoria, con bloqueos de permisos y regulaciones arbitrarias.
“Sener no actúa como árbitro imparcial ni como promotor de legalidad, sino como actor hostil frente a quienes cumplen la ley”, afirmaron en un comunicado. Según los gaseros, esto ha generado pérdida de inversión, debilitamiento de la infraestructura privada y una amenaza directa al suministro nacional.
La propuesta del sector privado consiste en aumentar el precio del gas LP en cuatro pesos por litro, con el objetivo de garantizar una distribución segura y continua. Recordaron que el gas es utilizado por cerca de 100 millones de mexicanos y es la principal fuente de energía en el 76% de los hogares del país.
