El Gobierno de México enviará al Congreso una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, la cual propone penas de seis a quince años de prisión y multas de entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.

Así lo anunció la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La funcionaria explicó que el objetivo central es unificar los criterios legales en todo el país, para que la extorsión se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa.

“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga automáticamente por parte de las autoridades”, explicó Godoy.

La propuesta contempla un tipo penal básico, así como diversas agravantes que aumentarían las sanciones. Entre ellas destacan los casos de cobro de piso, extorsión a migrantes, menores de edad, servidores públicos, o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.

Godoy Ramos indicó que esta iniciativa elevaría a rango de ley la actual estrategia nacional contra la extorsión, que opera mediante la línea de denuncia 089, la cual ha demostrado ser eficaz en labores de prevención y atención ciudadana.

Además, la iniciativa plantea reformas a diversos marcos legales, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que el delito de extorsión sea considerado susceptible de extinción de dominio.

“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano”, concluyó la consejera jurídica.