Activistas de Greenpeace México tomaron simbólicamente las oficinas de la Semarnat en Cancún este lunes, para exigir el alto a las autorizaciones ambientales otorgadas a bancos de material pétreo en la Península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo.

Durante la protesta, realizada en la zona turística de Cancún, los manifestantes escalaron el edificio de la Secretaría y vaciaron un volquete con material frente a la entrada, como forma de denunciar la creciente devastación de la selva por actividades extractivas similares a las que realizó la empresa Calica —hoy Sactun— en la Riviera Maya.

Calica, filial de la empresa Vulcan Materials, explotó por más de 30 años alrededor de 2 mil hectáreas de selva en Playa del Carmen. Aunque el sitio fue clausurado en 2024 y declarado Área Natural Protegida, Greenpeace advirtió que la devastación continúa mediante nuevos permisos emitidos por Semarnat.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva”, señaló que Semarnat autorizó recientemente a la empresa CEMEX la deforestación de 650 hectáreas de selva virgen cerca de Tulum, superficie mayor a la afectada originalmente por Calica.

El activista denunció también que entidades como Tren Maya S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han abierto decenas de bancos de material —conocidos como sascaberas— para abastecer el megaproyecto ferroviario del Tren Maya.

Tan solo en lo que va de 2025, Greenpeace ha contabilizado al menos 30 autorizaciones publicadas por Semarnat para bancos de material, 26 de las cuales estarían directamente relacionadas con el Tren Maya y Sedena.

Según la organización, este “modelo Calica” ya ha dejado casi 10 mil hectáreas de selva taladas o dinamitadas en la Península, sin contar las afectaciones por el trazo ferroviario, las megagranjas, la agricultura intensiva o los desarrollos inmobiliarios.

Greenpeace alertó sobre la construcción de nuevas terminales de carga como parte del Tren Maya, lo que implicaría deforestar cientos de hectáreas más. En Cancún, se encuentran en riesgo más de 200 hectáreas de selva.

Durante la protesta, los activistas criticaron que Semarnat convoque a consultas públicas una vez que las autorizaciones ya han sido emitidas, permitiendo la entrada de maquinaria sin supervisión ambiental adecuada.

Samayoa denunció que muchas autorizaciones ambientales se otorgan de forma retroactiva, lo cual impide evaluar con seriedad los impactos de la deforestación, el uso de explosivos, la fragmentación de hábitats y la contaminación de acuíferos.

El activista subrayó que varios de estos bancos se excavan por debajo de los mantos freáticos, lo cual pone en riesgo el sistema hídrico subterráneo de la península, fuente principal de agua en la región debido a la ausencia de ríos superficiales.

También se alertó sobre el papel del modelo turístico e inmobiliario —incluido Airbnb— como otro de los principales motores de deforestación y urbanización descontrolada en la zona.

En el caso específico de CEMEX, Samayoa señaló que la empresa habría iniciado actividades extractivas antes de contar con el permiso correspondiente, violando el marco legal.

Greenpeace propuso la creación de un espacio de diálogo multisectorial con autoridades, expertos y comunidades, para construir un plan integral de protección a la selva y establecer corredores biológicos que reconecten las áreas naturales y protejan a las especies de la fragmentación de sus hábitats.