Durante la administración de Claudia Sheinbaum se han registrado 193 determinaciones judiciales que favorecieron a presuntos operadores del crimen organizado, reveló este jueves Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la conferencia presidencial matutina, Harfuch detalló que estas resoluciones incluyeron liberaciones, traslados y egresos definitivos de personas privadas de su libertad por delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro y portación de armas de fuego.

Tan solo entre octubre de 2024 y abril de 2025, se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos. Además, se realizaron 27 traslados a centros penitenciarios de menor seguridad, pese a la oposición de la dirección de Prevención y Reinserción Social de la SSPC, por el perfil delictivo de los beneficiados.

Uno de los casos más señalados por el secretario fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, a quien acusó de facilitar liberaciones de personas procesadas por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y corrupción.

Entre las resoluciones más polémicas del juez Salazar destacan: el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del Cártel de Sinaloa, en abril de 2025; la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, en enero de 2023; y el auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, en marzo de 2024.

También revocó la prisión preventiva de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, otro familiar del exlíder del Cártel del Golfo, en noviembre de 2024.

Harfuch recordó que en diciembre pasado, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se ejercería acción penal contra el juez Salazar por delitos relacionados con la impartición de justicia. No obstante, no es el único funcionario del Poder Judicial señalado por la SSPC.

Otros jueces involucrados son Silvestre Peña Crespo, de Guanajuato, con cinco resoluciones de traslado de reos por delitos graves; Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, de Sonora, quienes emitieron 58 y 15 cambios de medidas cautelares, respectivamente.

De acuerdo con García Harfuch, en ese periodo fueron liberados al menos 26 operadores criminales ligados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y Los Rojos.