El Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si durante la fiesta de cumpleaños del futbolista Lamine Yamal se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos que denigren o ridiculicen a personas con discapacidad.
El director general de Discapacidad, Jesús Martín, explicó a EFE que el ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, busca aclarar si en la celebración por los 18 años del jugador del FC Barcelona se recurrió a la exposición pública de personas con enanismo en contextos de burla, lo cual está prohibido desde hace casi tres años, aunque actualmente no conlleva sanciones.
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes, en el Consejo de Ministros, una reforma legal para tipificar como infracción grave este tipo de actos, con multas de entre 600.000 y un millón de euros. Entre los casos que quedarían sancionados estarían espectáculos como el conocido ‘bombero torero’, considerados atentatorios contra la dignidad humana.
Martín expresó su preocupación por el impacto en la juventud, dado que Yamal es una figura con gran influencia social:
“Nos inquieta que personas con dinero y poder se crean impunes. La ley es para todos, los humildes y los poderosos”, afirmó.
La polémica surgió a raíz de una denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas (ADEE), integrante de Cocemfe, que anunció acciones legales y sociales contra el futbolista. Según la organización, en la fiesta se habrían contratado personas con enanismo con fines recreativos, lo que vulnera la legislación vigente y atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad.
ADEE expresó su rechazo en un comunicado en el que señala que lo ocurrido “rompe con los valores éticos de una sociedad igualitaria y respetuosa” y reclama una respuesta firme de las autoridades.
La ley actual prohíbe expresamente espectáculos donde se use la discapacidad para generar mofa, burla o irrisión pública, por ser contrarios a la dignidad humana. El Ministerio de Derechos Sociales ha dejado claro que no dejará pasar por alto estos indicios y continuará promoviendo medidas para evitar este tipo de prácticas discriminatorias.









