Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, permanecerá en prisión por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, determinó un Juez federal.
El Juez Ganther Alejandro Villar Ceballos calificó como improcedente el sobreseimiento solicitado por la defensa de la exfuncionaria.
Tras más de ocho horas de audiencia, el Juez consideró que los argumentos presentados por la defensa, que aseguraba que el delito de ejercicio indebido del servicio público ya había sido derogado por lo que debía seguirse por la vía administrativa, no eran distintos a los presentados desde la etapa de vinculación a proceso.
Villar Ceballos añadió que los argumentos vertidos por la defensa deben presentarse mediante un juicio oral y no en la etapa en la cual se encuentra el proceso.
Por ello, programó una audiencia intermedia para el 8 de diciembre, a las 10 de la mañana, para conocer los nuevos argumentos de la defensa de Robles Berlanga.
En dicha audiencia también se analizarán las pruebas que la Fiscalía General de la República presente sobre el caso, y el Juez determinará cuáles se tratarán en un juicio oral.
Al tomar la palabra, la exfuncionaria recalcó que se declarará como no culpable y afrontará las acusaciones de las que es objeto.
También pidió al Juez estar presente en el juicio oral del próximo 8 de diciembre.
Por la mañana, Robles Berlanga aseguró que tiene información por parte de fuentes de la FGR de que la dependencia está “ofreciendo impunidad” a sus excolaboradores “a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.
“Tengo información confiable (de fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos) que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad, a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”, dijo en una carta pública en su cuenta de Twitter.
El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, sostuvo la exsecretaria de Estado.
Por ello, afirmó también que sabe “lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables a excolegas míos, de mayor jerarquía en el Gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías”.
En la misiva, subrayó que no desea que “se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley”.
La excolaboradora del Gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que nada se gana utilizando la justicia “para vendettas”, ya que “esto no es propio de la izquierda” y “tampoco tiene nada que ver con la República Democrática que muchos queremos defender y por la que hemos luchado toda la vida”.
LA ACUSACIÓN
El pasado 12 de agosto, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia y a pregunta expresa que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exsecretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.
“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, comentó el Fiscal General.
“La jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.
Por ello, la FGR habría solicitado una sentencia de 21 años para Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por la presunta omisión de los desviós millonarios que habrían realizado funcionarios de ambas dependencias durante su administración.
A lo largo del escrito, recordó que apenas el pasado 21 de octubre, sus abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en su contra, proceso en el que le hubiera gustado que los medios asistieran “para darle más transparencia” al caso “frente a la opacidad con la que la Fiscalía ha manejado otros”.
Información vía: Sin Embargo