Juez niega órdenes de arresto 46 ligados al caso Ayotzinapa

un Juez negó las 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero por el caso Ayotzinapa y sólo se sigue la que se emitió contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que un Juez negó las 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero por el caso Ayotzinapa y sólo se sigue la que se emitió contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Apenas el pasado 30 de junio, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero informó que un Juez federal había girado 46 órdenes de captura contra funcionarios del estado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas por su presunta implicación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El abogado de los padres de los 43 normaistas desaparecidos participó en el conversatorio “La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia”, que fue organizado por el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, de la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ahí, el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, y el periodista independiente John Gibler, coincidieron en que no se puede llegar a la verdad y la justicia y la no repetición en el caso de los 43 mientras continúen en sus puestos en la actualidad los funcionarios de mandos medios y menores que participaron en las investigaciones que dieron pie a la “verdad histórica”.

En su intervención, Vidulfo Rosales Sierra identificó dos problemas que han impedido el avance en las investigaciones, el primero es que la Fiscalía General de la República (FGR), aún no se depura y hay personajes que participaron en la “verdad histórica” que se han vuelto un “obstáculo”.

El otro es que el Poder Judicial privilegia el formalismo, “ahí estamos teniendo problemas” de que los expedientes reboten o que por alguna informalidad nieguen las órdenes de aprehensión y no se está avanzando en las investigaciones.

Informó que parte de esos formalismos dieron pie a que se negaran las 46 órdenes de aprehensión que se habían girado por parte de la FGR, y que sólo se tiene activa la de Zerón de Lucio pero que hay desesperación por el estancamiento de su extradición para que enfrente la justicia en México.

El abogado dijo que la entrada del Gobierno actual tiene una política más clara, donde se está investigando las líneas que se han propuesto por parte de los padres como los celulares, la Policía Federal, el Ejército, el trasiego de la droga, porque lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala fue un operativo muy grande donde participaron policías municipales no sólo de Iguala, también de Huitzuco y Tepecoacuilco.

Díaz Taboada dijo que aun falta mucho para alcanzar la verdad y la justicia y la no repetición de los hechos, resaltó que la llegada de la “4T” da un nuevo escenario en las investigaciones, sin embargo, indicó que hay varias estructuras que continúan intactas desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Destacó el caso de la Policía Federal que pasó a la Guardia Nacional, los jueces, técnicos en el campo de las investigaciones de la FGR, además de mandos medios y jueces que siguen en sus puestos, y criticó que el Ejército ha sido fortalecido y siguen actuando con impunidad, y no han abierto sus archivos.

Además de que los actores del crimen organizado siguen y que la macrocriminalidad sigue operando en una gran parte del estado, los nuevos actores que están dentro de la Fiscalía han trabajado a contracorriente de toda la inercia de un régimen, y que estas inercias se ven potencializadas por el tiempo de la pandemia y que los resultados actuales se pudieron obtener en los primeros cuatro meses.

Dijo que se confirma en la actualidad que el trabajo que hicieron los integrantes del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) iba con el rumbo adecuado y que son ciertas.

El periodista independiente John Gibler dijo que desde las primeras acciones de todas las autoridades que actuaron en las horas de la desaparición y después, actuaron contra los estudiantes, usando todas sus facultades de oficinas y puestos.

Agregó, que el actuar jurídico de la entonces PGR fue un gran operativo coordinado elaborado para no dar con la verdad, esa serie de actos administrativos para ser imposible para encontrar a las personas consiste en la desaparición forzada. “Desde los primeros momentos el Estado nunca entró en acción para hacer una investigación y desde siempre participó para desaparecer a los estudiantes”.

Coincidió que muchos técnicos que participaron en la verdad histórica siguen en sus puestos, sobre todo los peritos. Dijo que él ve un escenario donde personas vinculadas a la desaparición de los 43 siguen en sus puestos, y que en la administración actual no ha visto acciones jurídicas contundentes para abordar ese tramo de esos seis años de atrocidades continuas.

Urgió la necesidad de hacer entrevistas profundas a todo el personal que estaba en la PGR, además del papel del Ejército y la necesidad de hacer entrevistas profundas y serias.

La integrante del GIEI, Ángela Buitrago recordó que el anterior Gobierno de Peña Nieto nunca hizo caso a las recomendaciones que se emitieron y que originó también en 2016 la salida de los expertos del país.

“Yo no puedo decir, de ningún resultado positivo durante el sexenio anterior (de Enrique Peña Nieto) en términos forenses, ni siquiera podemos aceptar que hubo una pesquisa forense que diga qué fue cierta la investigación” de la verdad histórica.

Indicó que el grupo regresó de manera formal este año ante la insistencia de los padres ante el nuevo Gobierno. Señaló que el grupo tiene un problema de base, que las declaraciones a los inculpados se realizaron bajo tortura a pesar de que las autoridades sabían que iban a ser sacadas de la investigación una vez que se descubriera.

La experta dijo que hay en total 130 pruebas expulsadas de la investigación “estamos en un nivel de que, si lo que dijeron era verdad están fuera, pero si fueron compuestas por órdenes, pues la información es falsa”.

Agregó que en el anterior Gobierno se les negó el derecho a los padres a la verdad, y que se les quiso poner en una situación de conformidad con una verdad que calificó como absurda. También expuso que se generaron patrones de ocultamiento y pérdida en la información.

Pero dejó claro que “no es que ya no tengamos posibilidad de acceder a la verdad, sí se ha mutilado, que ya es complejo llegar a saber qué pasó, pero eso no quiere decir que nos vamos a doblegar”.

Subrayó que el objetivo del GIEI es decir a los padres que pasó esa noche, y hacia dónde se llevaron a sus hijos, acceder a la justicia para los padres que no tienen a sus hijos.

También dijo que Guerrero es una fosa, y donde se registra una violencia máxima. La integrante del grupo de expertos dijo que los estudiantes normalistas deben de seguir siendo buscados en vida, y que el Estado tiene una gran deuda con los padres y madres por eso se debe generar una rehabilitación por los cambios que han vivido en los últimos seis años.

En el conversatorio también participó el director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y subsecretario técnico de la Comisión Presidencial, Félix Santana Ángeles, quien reconoció que hay una serie de “inercias” que no permiten avanzar en las investigaciones como lo dijo el abogado de los padres de los 43 normalistas.

Destacó que se han realizado 29 operativos de campos en este nuevo Gobierno que vienen de fuentes directas, y que el Gobierno está rompiendo los pactos de silencio creados y fue así como se llega el 20 de noviembre del año pasado a la barranca de La Carnicería donde fueron localizados los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

El funcionario dijo que se han analizado más de 16 mil metros cuadrados de tierra de esa barranca, “se ha levantado metro a metro para hacer análisis forense”.

Agregó que la Comisión Presidencial es un compromiso de esclarecer los hechos y no nace de una recomendación sino de un compromiso del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y que no van a inventar nada y no se va a encubrir a nadie “nosotros no tenemos deuda con la administración pasada”.

En la plática también participó el representante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, José Filiberto Velázquez, que destacó las diferencias entre el anterior Gobierno con las familias de las personas víctimas de desaparición, que pasó de la resistencia con los plantones, al diálogo.

También participaron del Colectivo Milynali Red CFC, Sara López Cerón, de Fundar, Ximena Antillón Najlis y del Centro Prodh María Luisa Aguilar.








Información vía: Sin Embargo

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