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La corrupción en el sector inmobiliario es tanta que ya se percibe como “normal”

En México las empresas gastan 1,600 millones de pesos anuales por incurrir en actos de corrupción (INEGI 2016). Además de las implicaciones monetarias de la corrupción, el sector inmobiliario de la Ciudad de México enfrenta graves costos de reputación.

El Índice Global de Transparencia en bienes Raíces 2016 ubica a México en el bloque de países “semitransparentes”, en donde existe un importante brecha entre la regulación formal y su aplicación.

Con el objetivo de entender la corrupción en el sector, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Mejor Ciudad llevaron a cabo una investigación cualitativa basada en tres herramientas: entrevistas presenciales, talleres y encuestas en línea.


Resultados principales

Entre las revelaciones más importantes se detectó que el 94% de los entrevistados declaró haber sido víctima de corrupción y de extorsión, pero sólo 36% afirmó haber denunciado. Las principales razones para no hacerlo fueron desconfianza en las autoridades y considerar que la denuncia no sirve. Se señaló también la impunidad con la que algunos funcionarios pasan de un cargo público a otro, a pesar de ser señalados por actos de corrupción.

Para los desarrolladores, los municipios y/o delegaciones son las autoridades que más se vinculan con actos de corrupción en el sector inmobiliario. En una primera etapa, las cuatro delegaciones peor calificadas fueron: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez. En un segundo ejercicio, la demarcación más señalada por actos de corrupción fue Álvaro Obregón.


Tramitología

De acuerdo con los desarrolladores, el registro de la manifestación de construcción

es el trámite que presenta más actos de corrupción. A pesar de que las delegaciones no emiten una licencia como tal, sino que sólo registran el expediente presentado por los particulares, frecuentemente hacen observaciones injustificadas a los documentos, solicitando requisitos por encima de la ley y llevando los plazos legales hasta el extremo.

Algunos desarrolladores señalaron que, a cambio de otorgar el registro de la manifestación, algunas demarcaciones cobran una tasa por unidad construida, en una suerte de impuesto informal a las construcciones. El costo por liberar este trámite oscila entre 2 y 15 millones de pesos y los proyectos pueden retrasarse desde 6 meses hasta 2 años.

Otras experiencias de corrupción compartidas están relacionadas con la obtención

de la factibilidad de agua por parte de SACMEX, la licencia de construcción especial y las visitas de verificación por parte de las delegaciones y el INVEA.

Tras el análisis de estas experiencias, se detectaron tres factores de riesgo que inciden en la comisión de actos de corrupción: interacción presencial entre particulares y autoridades, capacidad de que la autoridad utilice criterios discrecionales en la resolución de un trámite y la participación de múltiples autoridades en el proceso.


Nomalización de la corrupción

Otro hallazgo es que los desarrolladores no consideran algunas conductas irregulares como actos de corrupción, es decir, las han normalizado. Por ejemplo, donaciones en especie que las autoridades “solicitan” a los desarrolladores, como tráileres de víveres, obras públicas, equipos de cómputo o incluso la demolición

de construcciones afectadas por el sismo del 19S. Lo mismo ocurre con la contratación de proveedores preseleccionados por alguna dependencia gubernamental para llevar a cabo obras de mitigación o reforzamiento hidráulico.

Estas solicitudes, que algunos perciben como inofensivas, no se encuentran

contempladas en la ley y sí generan beneficios para funcionarios públicos, quienes extraen rentas económicas y políticas a costa de los desarrolladores.

También destaca la práctica de algunos desarrolladores de acudir con funcionarios de alto nivel para destrabar distintos problemas relacionados con corrupción.

Aunque esto evita la ocurrencia de actos ilícitos, no resuelve el problema de fondo. Los desarrolladores reconocen que la intervención de altos mandos se percibe como un favor y no como un acto de autoridad que imponga el apego a la ley.

Finalmente, se identificaron propuestas de mejora regulatoria que permitirían incrementar la eficiencia en el proceso de construcción y reducir riesgos de corrupción.

Entre ellas, la digitalización de trámites, un ejercicio más transparente de los pagos por aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal (artículos 300-302) y la intervención de profesionales en la revisión de los proyectos, como es el caso de la oficina VISA, establecida en el Colegio de Arquitectos.








Información vía: Huffington Post

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