Durante la segunda sesión del Segundo Período Ordinario del Congreso local, la diputada del PRI, Luz Elena Morales Núñez, presentó dos iniciativas, una de ellas para reformar el Código Penal de Coahuila en materia de violencia familiar, así como una reforma a la Ley para la Familia de Coahuila con relación a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados en un centro de asistencia social.

La iniciativa por la que se propone reformar el artículo 251 y 252 del Código Penal de Coahuila, señala que aunque no siempre la violencia familiar se ejerce directamente sobre las hijas e hijos, es importante considerar  una forma de protección en su célula familiar, por tal motivo se propone incluir entre las sanciones por el delito de violencia familiar, la pérdida de la patria potestad o la restricción para el régimen de visitas de los menores, toda vez que se está afectando el derecho a un sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En otro contexto, el Código Penal tipifica el delito de violencia familiar, que en cuanto a las relaciones de pareja, solo considera actos de violencia ejercidos en contra de quien tenga relación de pareja o de hecho, definido esto como aquella que existe entre quienes hagan vida en común o bien, se incorporen a un núcleo familiar residiendo en la misma vivienda. Esta redacción excluye aquella que se ejerce en contra de personas que tengan o hayan tenido una relación de noviazgo, lo cual ha dejado a las mujeres que sufren directamente este tipo de violencia a manos de sus parejas en clara vulnerabilidad. Por ello se plantea incluir como violencia familiar la ejercida respecto a quien tenga o haya tenido una relación de pareja.

Por otra parte, se propone reformar los artículos 403 y 431 de la Ley para la Familia de Coahuila, a fin de que en los casos de niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento residencial en centros de asistencia social, para que las y los abuelos puedan acceder al desempeño de la patria potestad, deberán manifestar ante la autoridad judicial competente su interés expreso en reincorporar a su núcleo familiar a su nieta o nieto, durante el tiempo que subsista la medida.

Así mismo, se propone agregar como un supuesto de terminación de la patria potestad, el otorgamiento del consentimiento para la adopción por quien deba darlo, de conformidad con las disposiciones aplicables.

«Con la aprobación de esta reforma se podrá resolver la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes con una mayor prontitud para así poder acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado siempre por su interés superior» indicó la diputada Luz Elena Morales en la iniciativa presentada.