La llamada “Ley Silla” avanza en México con el objetivo de garantizar que trabajadores, especialmente del sector comercial y de servicios, tengan acceso a un asiento digno durante sus jornadas laborales. La normativa establece sanciones de hasta 540 mil pesos por cada infracción y trabajador afectado, en caso de incumplimiento por parte del empleador.

La ley obliga a proporcionar sillas adecuadas a empleados cuyos puestos permitan realizar sus funciones sentados, como cajeros, empleados de mostrador y trabajadores en farmacias, tiendas o gasolineras. El asiento debe ser estable, funcional y ergonómico, con respaldo y altura adecuados, no cualquier banco improvisado.

Inspirada en leyes vigentes desde hace más de un siglo en países como Argentina y Chile, esta normativa mexicana busca evitar daños físicos a largo plazo por permanecer de pie durante horas, como várices, problemas circulatorios, fatiga crónica y lesiones en la columna.

El marco legal prohíbe expresamente impedir que los empleados se sienten en los lapsos en los que sus funciones lo permitan. Además, establece que el incumplimiento puede ser sancionado con multas que van de 50 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes en 2025 a entre 5,400 y 540,000 pesos mexicanos por infracción.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como autoridades estatales, pueden realizar inspecciones sin previo aviso. También pueden ordenar la suspensión temporal de actividades si se detectan faltas graves o reincidencia en el incumplimiento. Los trabajadores, por su parte, pueden presentar denuncias directas o anónimas.

En los casos donde se compruebe que la falta de sillas derivó en daños a la salud, el empleador podría enfrentar responsabilidades ante el IMSS o en tribunales laborales, incluyendo indemnizaciones.

La “Ley Silla” no solo busca proteger la salud física de los empleados, sino también dignificar los entornos laborales. Su aplicación no interfiere con la productividad, pero sí promueve condiciones más humanas para millones de personas que laboran de pie diariamente.

Cumplir con esta ley no es opcional. Ignorarla puede afectar la reputación de una empresa, impactar su economía y derivar en procesos legales por violaciones a los derechos laborales. Para los patrones, entender y respetar la Ley Silla es una inversión en dignidad y prevención.