La denuncia presentada desde la Presidencia de la República sobre el mal manejo de más de 800 millones de pesos de recursos federales que se destinaron para el Fideicomiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue observado desde los años 2014 y 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En 2016, la ASF pidió la devolución de 721 millones de pesos que según se gastaron en obras para la justa deportiva y que nunca se justificaron por parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención del mal manejo del fideicomiso por parte del Gobierno de Duarte de Ochoa, al cual calificó como una “vergüenza para México”.
Las denuncias penales que se hicieron en su momento son temas que generaron observaciones por daño patrimonial en contra de exfuncionarios del Gobierno de Duarte de Ochoa, los cuales deberán de reintegrar a la federación los recursos robados para evitar la cárcel.
El reporte emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como consta en los mismos documentos del ente fiscalizador, las irregularidades fueron detectadas en tiempo y forma.
De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-11L6I-02-0181 DS-026, la ASF informó que el objetivo de dicha revisión fue para investigar cómo se autorizaron, pagaron, comprobaron y destinaron los recursos.
Dicho informe, refirió que en 2014, se destinaron mil cien millones de pesos al Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (Fideicomiso de Veracruz), mediante tres convenios de coordinación formalizados entre la Conade, el Gobierno del Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano del Deporte.
Los resultados de dicho informe, fueron la falta de transparencia en el recurso que se entregó, obras inconclusas, falta de documentación comprobatoria y una serie de graves irregularidades.
Dos años después, en el 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales.
Posteriormente, el Órgano de Fiscalización también emitió su informe donde detectó, pagos para obras que no existieron, sobreprecio en las labores de remodelación y construcción de infraestructura, licitaciones y adjudicaciones amañadas, trabajos realizados con materiales de pésima calidad así como adeudos a proveedores y empleados.
Información vía: Sin Embargo