Lozoya obtiene ampara para que la FGR deje de asegurar una de sus residencias

La casa del exfuncionario fue asegurada en mayo del año pasado y por una orden judicial no podía ser remata ni transferida a terceros.

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), obtuvo un amparo que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) invalidar el aseguramiento de su residencia de la colonia Lomas de Bezares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Un Tribunal colegiado ratificó el amparo otorgado al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto, actualmente investigado como pieza clave en la recepción de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Aunque la FGR debe cumplir con la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México, solicitó una prórroga de 10 días para ello.

La casa del exfuncionario fue asegurada en mayo del año pasado, ese mismo mes una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló al inmueble como clave en el caso Odebrecht, pues en ésta se habrían realizado negociaciones ilegales con la empresa brasileña y reuniones que tenían que ver con el pago de sobornos a cambio de contratos en la refinería de Tula, Hidalgo.

“La edificación, de mil 165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht”, informó MCCI el 28 de mayo.

El 1 de julio de 2019 el Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México le concedió a Lozoya Austin una suspensión definitiva para que la casa no se rematara ni se transfiriera para favorecer a otras personas.

Ese mismo mes Ricardo Rodríguez, el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes afirmó que ya trabajaba para que el Gobierno federal subastara la casa, pero los abogados del exdirector de Pemex lo recordaron que la orden de un juez federal lo impedía.

Emilio Lozoya Austin fue vinculado a proceso en julio de este año por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en calidad de autor material y cometido con dolo, el funcionario cumple medidas cautelares con un brazalete electrónico, por lo que no permanece en algún reclusorio.









Información vía: Sin Embargo

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