El Gobierno de Brasil presentó este jueves el balance preliminar de la «Operación Caminhos Seguros», un amplio operativo nacional para combatir todo tipo de violencia contra niños y adolescentes y que se saldó con la detención de 472 adultos, la aprehensión de 147 menores y el rescate de 80 menores de edad desde el 30 de abril.

Coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la operación, que se extenderá hasta el 30 de mayo, se enmarca en la Campaña Nacional de Movilización para el Enfrentamiento a la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes y moviliza un extenso aparato estatal para la represión de delitos y la protección de los derechos de la infancia.

En el Día D de la operación, este 15 de mayo, más de 45.000 agentes de seguridad participaron en acciones conjuntas en 421 municipios brasileños, con inspecciones en más de 8.000 puntos, abordaje de 300.000 personas sospechosas y fiscalización de 170.000 vehículos. Como resultado, se incautaron 69 armas de fuego, más de 29 toneladas de drogas y 152 dispositivos con contenido relacionado con pornografía infantil.

El Ministerio de Justicia invertirá más de 4 millones de reales (aproximadamente 780.000 dólares) en el pago de dietas y logística para ampliar el alcance del operativo y reforzar el personal policial.

«La acción representa el firme compromiso del Estado brasileño con la protección de nuestra niñez frente a la violencia y la explotación. Estamos uniendo fuerzas, de norte a sur del país, para garantizar un futuro más seguro y digno para nuestros niños», declaró Rodney da Silva, director del Departamento de Operaciones Integradas e Inteligencia (Diopi) del MJSP.

Además del componente represivo, la operación incluye actividades educativas y de concientización social, promoviendo la denuncia de abusos y la defensa activa de los derechos de la infancia y adolescencia.

La «Caminhos Seguros» llega a su quinta edición consolidándose como una política pública de seguridad nacional integrada. La iniciativa articula fuerzas federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, combinando recursos y capacidades de distintos entes públicos.

Bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), la operación involucra a organismos como la Policía Rodoviaria Federal (PRF), la Red Integrada de Bancos de Perfiles Genéticos (RIBPG), el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, el Ministerio Público del Trabajo (MPT), el Foro Nacional de Consejeros Tutelares y las secretarías de seguridad pública de los 27 estados brasileños. También participan las Policías Civiles, Militares, Científicas y Penales, los Cuerpos de Bomberos, las Guardias Municipales y los Consejos Tutelares.

El modelo operativo también responde a una directriz estratégica del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva: la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la Seguridad Pública, que promueve una mayor coordinación institucional y un enfoque territorial unificado en el combate a la criminalidad.

Con esta movilización inédita en escala y alcance, el Gobierno brasileño busca romper el ciclo de violencia y vulnerabilidad que afecta a miles de menores, fortaleciendo la presencia del Estado en zonas críticas y garantizando el acceso a derechos fundamentales.