Autoridades mexicanas confirmaron que la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos se realizó a «solicitud fundada» y ante el «riesgo» de que algunos de estos objetivos «fueran liberados» o se retrasara su proceso de extradición por la corrupción en el sistema judicial mexicano.

La víspera, capos de la droga como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, fueron traslados en aeronaves de las secretarías (ministerios) de la Defensa Nacional y Marina a ocho ciudades de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, secuestro y homicidios, entre otros.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó «las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos», se realizó el traslado de estos «objetivos» con base en la ley.

Acompañado por los secretarios (ministros) de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Morales Ángeles, el fiscal de la República expresó que fue en cuestión de horas que se tomó la decisión del traslado.

«No habían pasado horas entre que llegó (la solicitud), se convocó al Consejo Nacional de Seguridad (…) Se hizo el análisis (…) se vieron las bases jurídicas si estaban cumplidas y se procedió. Fue un asunto inmediato», señaló Gertz Manero.

El fiscal aclaró el operativo «no es un compromiso con Estados Unidos, es un compromiso con nosotros mismos, es decir, el problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada ha sido una verdadera tragedia para nuestro país, las soluciones que se tomen en este sentido a los primeros que nos van a beneficiar es a nosotros».

Por su parte, García Harfuch detalló que los 29 reos cuentan con «diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos».

«Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen», ahondó.

García Harfuch dijo que el Gabinete de Seguridad contaba «con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años».

«Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto (…) el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos», señaló.

Aseguró que «éste es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad».

El operativo se dio justo el día en que el Gabinete de Seguridad se encontraba en Washington, en una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para hablar sobre la estrategia para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular hacia Estados Unidos, a fin de evitar la implementación de aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump a los productos mexicanos.