La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está negociando con Genaro García Luna un posible acuerdo para la devolución de los recursos ilícitos obtenidos durante el sexenio de Felipe Calderón. El titular de la UIF, Pablo Gómez, encabeza las conversaciones.
Durante su conferencia «La Mañanera del Pueblo», Sheinbaum explicó que el acuerdo aún no se ha concretado. Sin embargo, advirtió que, de no lograrse, García Luna enfrentará cargos más severos en Estados Unidos y un proceso judicial más estricto en México.
“Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y la entrega de los recursos. El viernes recibí una nota de Pablo Gómez que están en este proceso y le pido a Pablo que nos pueda informar cómo va. Si no se llega al acuerdo, continúa el juicio”, declaró la mandataria.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Linda Cristina Pereyra fueron sentenciados en Estados Unidos a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares. La decisión fue tomada por una corte civil en Miami, Florida, a cargo de la jueza Lisa Walsh, debido a su implicación en un esquema de contrataciones ilegales durante su gestión en el Gobierno mexicano.
De esa cantidad, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, y su esposa mil 740 millones. La suma será devuelta al Estado mexicano, que es el demandante en el proceso legal.
La demanda civil fue interpuesta el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade. Su objetivo principal era recuperar los activos adquiridos con recursos extraídos del erario.
Además de García Luna y su esposa, la UIF identificó a otros involucrados en el esquema de corrupción: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Este caso civil es independiente del juicio penal que García Luna enfrentó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras era funcionario, entre 2006 y 2012.
Por esos hechos, en octubre del año pasado, fue sentenciado a más de 38 años de prisión por conspiración para traficar drogas, participación en una organización criminal y declaraciones falsas.
