En México existen dos esquemas principales dentro del sistema de pensiones: la “Ley 73”, conocida como el “Régimen dorado del IMSS”, y la “Ley 97”. Aunque ambos ofrecen beneficios, el régimen dorado es recordado por ofrecer condiciones más ventajosas para los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1° de julio de 1997.

La “Ley 73” garantiza pensiones vitalicias a cargo del gobierno, lo que brinda una mayor estabilidad en los pagos mensuales. Además, sus requisitos eran accesibles: solo se necesitan 500 semanas de cotización y permite retirarse a los 60 años por cesantía o a los 65 por vejez.

Este régimen calcula la pensión tomando como referencia el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas. Sin embargo, las generaciones más jóvenes ya no tienen acceso a estos beneficios, pues ahora se aplica la “Ley 97”.

El gobierno ha asegurado que las pensiones ya otorgadas bajo la Ley 73 no sufrirán modificaciones y que los pagos actuales se mantendrán o ajustarán anualmente conforme a la inflación, usando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y no el salario mínimo. Esta distinción fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque la Ley 73 continúa vigente y no tiene una fecha exacta para su eliminación, se contempla que su aplicación disminuya de forma gradual, ya que solo la pueden aprovechar quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997.

Por ello, quienes aún no se han jubilado deben tomar medidas para aprovechar este esquema mientras esté disponible. Esto incluye verificar su pertenencia a la Ley 73, considerar la modalidad 40 para aumentar el monto de la pensión y preparar la documentación necesaria para el trámite en el IMSS.

Aunque son pocos los trabajadores bajo este régimen, es importante recordar que no contar con todos los documentos o requisitos podría poner en riesgo el derecho a la pensión. Los cambios no afectarán a quienes ya se jubilaron, solo a los que aún no lo han hecho.

En contraste, la “Ley 97” opera con un modelo de cuentas individuales administradas por las Afores, y reduce la aportación del Estado, lo que hace que obtener una vejez digna sea más costoso y requiera mayor esfuerzo.

No obstante, se espera que a partir de febrero de 2026 haya una mejora para todos los pensionados, pues la Pensión Mínima Garantizada aumentará un 12% en relación con el salario mínimo, buscando preservar el poder adquisitivo de los jubilados.