Expertos en materia fiscal anticipan que el paquete económico 2026 que se entregará este día al Congreso de la Unión vendrá acompañado de una propuesta fiscal “agresiva” y altamente recaudatoria, que podría provocar una oleada de cabildeo, impugnaciones legales e incluso amparos ante los tribunales.

Se prevén cambios importantes al Código Fiscal de la Federación (CFF), a la Ley Aduanera y a la Ley Federal de Derechos. Las modificaciones tendrán un enfoque de justicia fiscal y social, aunque afectarán particularmente a empresas e instituciones financieras, de acuerdo con lo adelantado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy a legisladores de Morena.

Sin embargo, el gobierno federal mantendría su promesa de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes de manera directa, por lo que se espera una estrategia enfocada en cerrar espacios a la evasión fiscal, reducir la corrupción en aduanas y proteger la salud pública, especialmente de menores de edad.

Uno de los principales cambios previstos estaría dirigido a las empresas productoras de bebidas saborizadas. Jesús Rodríguez Ambriz, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, indicó que podría reformarse el IEPS para establecer un esquema progresivo basado en el contenido de azúcar, e incluso aumentar la cuota por litro, de uno hasta tres pesos.

También se contemplan medidas aduaneras que dificulten la importación de insumos como el jarabe de maíz de alta fructosa, esencial para la industria refresquera. Esto podría encarecer los costos de producción y reducir la dependencia de insumos extranjeros.

En el caso del IVA, Rodríguez advirtió que podrían eliminarse exenciones fiscales en la frontera y endurecerse los criterios de acreditamiento dentro de las cadenas de suministro. Además, se analizarían restricciones fiscales a la deducibilidad de gastos en publicidad, especialmente aquellos dirigidos a menores.

Otra línea de acción podría incluir el reforzamiento del etiquetado frontal nutrimental —los sellos negros—, junto con sanciones económicas más severas para quienes no cumplan con la normativa.

Según cálculos preliminares, estas medidas podrían reducir el consumo de bebidas azucaradas de 20 mil a 19 mil millones de litros, una caída del 3.25%. Al mismo tiempo, la recaudación del IEPS aumentaría un 39%, pasando de 27,800 a 38,700 millones de pesos.

Rodríguez también alertó sobre la intención de eliminar la deducción fiscal que actualmente hacen los bancos por aportaciones al IPAB, lo cual —aseguró— generaría litigios en tribunales.

Por su parte, Guillermo Mendieta, del Colegio de Contadores Públicos de México, recordó que el IEPS está diseñado para desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud. En el caso de las bebidas saborizadas, el impuesto ronda un peso por litro, pero también aplica a jugos u otras bebidas con alto contenido calórico.

En paralelo, el nuevo enfoque fiscal podría incorporar elementos de un «presupuesto verde», como parte de un marco integral para combatir la crisis climática. Según la OCDE, esto implicaría integrar criterios ambientales y climáticos en las decisiones fiscales y de gasto público.

México, según el Índice de Presupuesto Verde de la OCDE, tiene una puntuación de 0.43 sobre 1.00, por debajo del promedio de 0.49. El Reino Unido lidera con 0.80, seguido de Irlanda (0.77) y Noruega (0.70), mientras que Suiza ocupa el último lugar con 0.20 unidades.