Frente a la presencia de pozos exploratorios con fracking de Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde el 2013 dejó el agua turbia y sus casas fracturadas por sismos, habitantes de Los Ramones, en Nuevo León, presentaron una petición de aplicación efectiva de legislación ambiental (SEM-18-003) ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo internacional que surgió a partir del TLCAN, el cual sigue vigente con el T-MEC.

En los municipios neoleoneses de China y Los Ramones –los más afectados por los sismos atípicos registrados hace siete años en la región norte– Pemex exploró los pozos Tangram-1 en 2013 y el Nerita-1 en 2014, actualmente abandonados sin restauración de daños por parte de la petrolera.

El Gobierno federal cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R) para el Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022, que abarca 6 mil 493 pozos, 230 gasoductos y 154 sistemas de inyección de agua y trasiegos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero el pozo Nerita-1 no se ubica en esa zona por lo que carece de autorización ambiental, han documentado miembros de la Alianza Mexicana contra el Fracking en coordinación con una investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“El Secretariado [de la CCA] considera que no era posible para los peticionarios tener conocimiento sobre la existencia de la MIA de los pozos en cuestión pues éstos formaban parte de un proyecto de gran escala respecto del cual no se difundió información con detalles de ubicación, alcance y consecuencias en el medio ambiente y en las comunidades aledañas.

Los peticionarios tampoco tuvieron oportunidad de participar en un proceso de consulta pública del proyecto, ya que no tuvieron acceso a los estudios correspondientes ni les fue informada su existencia.

La falta de acceso a la información sobre la infraestructura en su localidad es un factor relevante para considerar la pertinencia de la preparación de un expediente de hechos”, dice el documento sobre la petición a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la cual se encuentra en el proceso para determinar si abre el expediente de hechos.

“Hicimos la correlación de los pozos exploratorios con la sismicidad inducida por investigaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Juan Manuel Rodríguez, quien correlacionó la ubicación de los pozos de fracking, la profundidad y los epicentros de los sismos”, dijo vía telefónica el biólogo Antonio Hernández, miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Aunque los pozos exploratorios ya no están operando, Pemex no ha realizado la restauración a la que se comprometió en la MIA-R. “Todos los impactos ambientales que ocasionaron de sismicidad inducida y de calidad del agua no han sido atendidos. Al menos en cinco municipios del noreste de Nuevo León hay cientos de casas fracturadas por la sismicidad. En otros casos las instalaciones de los pozos ya son utilizadas por los ayuntamientos, como en Herreras, como un basurero al aire libre sin ninguna vigilancia”, planteó Hernández.

EN ESPERA DE EXPEDIENTE DE HECHOS

La petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) presentada en 2018-19 expone que México “está omitiendo la aplicación efectiva de su legislación ambiental en lo relacionado con la restauración de sitio y abandono posteriores a las actividades de fracturación hidráulica” llevadas a cabo en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, por parte de Pemex, así como en la falta de Manifestación de Impacto Ambiental.

El 8 de abril de 2020, el Estado mexicano respondió que al no estar ambos pozos en la fase de extracción de hidrocarburos, no requieren la concesión de las aguas por parte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ni se encontraron permisos de descarga de aguas residuales o de pozos letrinas, pero, agrega el documento de la CCA, “no existe información” sobre la modificación de las condiciones ambientales ni tampoco acerca de la manera en que las obras afectarían el entorno a lo largo del periodo de 22 años que comprende el proyecto, en particular en la zona donde residen los peticionarios.

“Hasta la fecha, pese al compromiso del Presidente, en papel no está ninguna prohibición del fracking en la legislación ni en algún decreto presidencial”, dijo en rueda de prensa la abogada ambiental Giselle García, del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA). “El Secretariado de la CCA revisó la información y [el 30 de septiembre] determinó que el Estado mexicano diera su respuesta abriendo el expediente de hechos. La intención es llegar a la elaboración del expediente de hechos y que se pueda divulgar, lo cual es importante para el acceso a la información ambiental, para sacar sus propias conclusiones sobre la aplicación de la legislación ambiental y sus omisiones. Nos darán elementos legales para que sean retomados por la CNDH o dar pie a litigios estratégicos”. Esta presión al Estado mexicano mediante la CCA ha sido efectiva en otros casos como en el Cañón del Sumidero, en Chiapas.

Teresa Garza, activista ambiental en Nuevo León, expuso que en noviembre de 2013 en Monterrey y otros municipios aledaños se sintieron sismos, lo que alertó a los pobladores sobre qué los provocaba, ya que en la región norte son atípicos.

“Después de los sismos que afectaron casas, la gente comenzó a notar que faltaba el agua. Pensaban que era por la sequía, por lo que hicieron pozos más profundos. Encontraron agua, pero ya no estaba limpia. Salía sucia, imposible de usar ni para higiene. En algunos lados salía turbia y con mal olor. Muchos a árboles se estaban secando y [en Hacienda El Carrizo] las cosechas no se daban”, dijo.

Los peticionarios resaltan que la escasez de agua en su comunidad comenzó en 2014, meses después de la perforación de los pozos, y la atribuyen a que la capacidad de carga de los acuíferos locales está dañada.

El colectivo de Teresa visitó la zona tras los sismos. Cerca de los ejidos hallaron instalaciones de pozos de Pemex, ahora abandonadas. Informaron a los habitantes sobre las consecuencias ambientales y a la salud de la técnica del fracking, por lo que en octubre de 2018 presentaron la petición a la Comisión para la Cooperación Ambiental, la cual fue renviada en 2019 con ajustes.

El documento del Secretariado expone que los peticionarios afirman que las actividades de fracturación hidráulica “requieren de millones de litros de agua”; que en el proceso se utilizan más de 750 diferentes productos químicos; que las aguas residuales generadas contienen metales pesados y sustancias radioactivas; que dichas aguas se almacenan en pozos letrina que suelen infiltrarse a los mantos acuíferos, y que durante la fracturación, la formación geológica se somete a una fuerte presión lo que genera micro sismos. En particular, señalan que en el pozo Tangram-1, concluido en diciembre de 2013, se inyectaron 25 mil 808 metros cúbicos de agua y se alcanzó una profundidad de 4 mil 426 metros. Y el pozo Nerita-1, concluido en agosto de 2014, se inyectaron 13 mil 039 metros cúbicos de agua hasta una profundidad de 4 mil 100 metros.

Si la Comisión abre y publica el expediente de hechos, el acceso a la información abrirá la puerta a la posibilidad de denuncias, concluyó el activista Antonio Hernández. “Alguien externo al Gobierno mexicano va a emitir una valoración sobre este tema y se está viendo obligado a liberar información importante sobre la operación de esos pozos. Con base en esa información tenemos hallazgos importantes para continuar con los procesos de denuncia contra su operación ante la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) contra Pemex”, dijo.

Información vía: Sin Embargo