El periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, denunció públicamente una persecución en su contra orquestada por el gobierno de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Esto, luego de que una jueza estatal lo vinculara a proceso por presuntos delitos de incitación al odio y violencia contra la mandataria estatal.

La resolución judicial no solo incluyó el cierre del portal Tribuna, sino también la prohibición a González Valdez de ejercer el periodismo durante dos años, una multa de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social del estado y el embargo de algunas de sus propiedades.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, González Valdez calificó el proceso como una represalia y parte de una campaña para silenciar a las voces críticas en Campeche. “Desde que comenzó el gobierno de la señora Sansores, los campechanos hemos visto que la libertad de prensa y expresión están totalmente amenazadas”, afirmó.

Aunque aseguró que se retiró formalmente del periodismo en 2017, explicó que actualmente conduce un programa de radio semanal llamado Expediente “por la nostalgia de no dejar el periodismo”. A pesar de ello, enfrenta denuncias penales, civiles y electorales, las cuales considera parte de una “estrategia de acoso jurídico”.

“En el juicio le dije a la jueza: yo no soy el director, yo me jubilé en 2017, pero ellos están empeñados en dejar sin voces críticas a Campeche”, sostuvo. Además, reveló que recientemente recibió en la puerta de su casa —donde ha vivido más de 40 años— un ultimátum que le daba 15 días para cubrir la multa, bajo la amenaza de embargo de su vivienda.

González Valdez también criticó la falta de imparcialidad en el proceso y acusó que algunos jueces del Poder Judicial local responden a intereses del actual gobierno. “¿En manos de quién estamos cuando reciben línea del poder en lugar de aplicar la ley de forma justa?”, cuestionó.

El periodista aseguró que agotará todas las instancias legales disponibles, incluido un juicio de amparo, aunque advirtió que su caso evidencia el debilitamiento del Estado de derecho en Campeche, así como una grave amenaza a la libertad de expresión y el acceso a la justicia en la entidad.