¡Fuera Chemours!, rezaba una gran lona con signos de alarma durante una rueda de prensa esta semana realizada en Durango. “¡Fuera!”, gritaron los integrantes de comunidades y colectivos que mantienen dos campamentos afuera de la fábrica de cianuro de sodio en El Siete, en Gómez Palacio, municipio árido donde pasa el río Nazas. En 2017 este proyecto de la estadounidense Chemours Company también había sido desterrado con protestas masivas de los municipios Salamanca y San Luis de la Paz, Guanajuato, por atentar contra la salud y medio ambiente de la región.
Julio Martínez Carrera, oriundo de Dinamita, Durango, una de las veinte comunidades afectadas, dijo estar en contra del proyecto por la inminente contaminación de agua con cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo. “Mucha gente de las ciudades están ignorantes de este peligro que se nos avecina. Así que por ningún motivo vamos a aceptar esa planta aquí en La Laguna”, dijo. Aún sin terminar la obra inaugurada en junio de 2017 por el Gobernador José Rosas Aispurio, ya estaba consumiendo 11 mil 800 metros cúbicos de agua, elemento vital que acaba de entrar al mercado de valores de Estados Unidos por su escasez mundial.
Luego de más de tres años de un litigio impulsado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos de los 11 magistrados, la nulidad de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) del Proyecto Chemours Laguna. La decisión fue porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentó diversas irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico al presentar información “inconsistente, omisa y falsa”, informó la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA), el Frente de Pueblos Unidos de La Laguna y Acción Colectiva Socioambiental.
Aún incompleta, en su página 314 la MIA autorizada en mayo de 2017 por la Semarnat del Gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció un riesgo ambiental por el evento catastrófico proveniente del manejo de gas natural, amoniaco y cianuro de sodio, un riesgo de emisiones de gases tóxicos como óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, y potencial de contaminación del suelo por derrame de agua contaminada con sustancias químicas.
La lucha social y jurídica de las comunidades afectadas de alrededor de 3 mil habitantes, entre ellas Dinamita, El Siete, Abisinia, La Aurora y Ahedo, seguirá en espera de la respuesta de la empresa y la revaluación de la Semarnat del Gobierno actual si presenta otra Manifestación de Impacto Ambiental. El proyecto arropado por el Gobierno estatal y municipal plantea la instalación y operación de una planta en Gómez Palacio dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año para abastecer a la industria minera mexicana, lo que podría afectar los ecosistemas, poner en riesgo a las poblaciones vecinas al municipio duranguense y a la comarca Lagunera, advirtieron las organizaciones.
“El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente. La empresa ahorita no tiene ningún permiso para operar. Ninguno. Ni cambio de uso de suelo ni construcción ni impacto ambiental. No tiene nada”, dijo el abogado Gustavo Lozano, miembro de la REMA y de Acción Colectiva en León que también apoyó en la expulsión del proyecto en Guanajuato. “No es bienvenida en Guanajuato ni en Durango. Esperamos que la evaluación de la Semarnat sea minuciosa para garantizar a los ciudadanos el derecho humano al medio ambiente sano”.
El integrante del Frente de Pueblos Unidos de la Laguna, Remigio Soto, gritó “¡Que viva el Frente!”. Los presentes respondieron “¡Viva!”. Y, agregó, “no dejaremos que este proyecto de muerte se instale en ninguna parte del territorio nacional. Ahorita, las cosas ya no se arreglan a billetazos. Vamos por la vía legal”.
Información vía: Sin Embargo
