Irene “N”, exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Puebla, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de intimidación a testigos relacionados con la investigación por tortura sexual contra dos periodistas ocurrida en marzo de 2023.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó las pruebas tras una investigación que evidenció que la exfuncionaria habría amenazado a testigos clave del caso con perder su empleo si declaraban ante las autoridades.

Los hechos por los que se le acusa están ligados a la detención arbitraria de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López por parte de policías municipales, luego de que cubrieran una manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Izúcar de Matamoros. Durante su detención, ambas denunciaron haber sido víctimas de tortura sexual.

El Juez de Control determinó que el Ministerio Público Federal presentó los elementos necesarios para acreditar la probable responsabilidad de la exalcaldesa. Se dictó su vinculación a proceso, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impusieron medidas cautelares para proteger a las víctimas.

Además de Irene “N”, once exfuncionarios subordinados a su administración ya se encuentran vinculados a proceso por su participación en la alteración de informes oficiales para encubrir los actos de tortura.

Hasta ahora, cinco elementos de la policía municipal y un Juez Calificador local también enfrentan proceso penal por el delito de tortura sexual, tras ser señalados por su participación directa en las agresiones contra las periodistas y otras mujeres detenidas.

Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), los hechos ocurrieron entre el 10 y el 11 de marzo de 2023. Las periodistas y dos activistas fueron perseguidas, detenidas arbitrariamente, incomunicadas y sometidas a tocamientos lascivos. También fueron obligadas a pagar una multa de 1,900 pesos por supuestos daños al mobiliario urbano.

Los implicados identificados por la Fiscalía son Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T”, Mirela “M” y Jesús “V” (Juez Calificador), quienes ya están siendo procesados por tortura sexual y abuso de autoridad.