Monclova, Coahuila — Un reclamo por presunto bullying fue el detonante de la agresión registrada en la Secundaria Técnica No. 35 de Monclova, por lo que autoridades educativas y de protección a menores iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Martha Lucía Herrera, titular de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), informó que la atención del caso debe iniciar conforme al protocolo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para entornos escolares, el cual está diseñado para detectar, atender y prevenir riesgos derivados del acoso escolar entre estudiantes.

La funcionaria explicó que el director del plantel, con el respaldo de la comunidad educativa, deberá integrar un expediente y remitirlo a las instancias correspondientes. Al tratarse de menores de edad, la PRONNIF interviene de oficio, y en caso de que se configuren conductas delictivas, se dará vista a la Fiscalía General del Estado.

Este procedimiento permitirá atribuir responsabilidades y establecer medidas correctivas para evitar la repetición de hechos violentos. Herrera detalló que mantiene comunicación con Abraham González Ruiz, Director de Servicios Educativos, para coordinar las investigaciones relacionadas con el altercado ocurrido en el plantel.

Origen del conflicto en la Secundaria 35

De acuerdo con información preliminar, el conflicto se originó cuando una alumna informó a su padre que era víctima de hostigamiento por parte de un compañero. La situación derivó en un reclamo del padre dentro de la escuela y posteriormente en un altercado verbal a la salida del plantel, en el que participaron otros alumnos y padres de familia.

La PRONNIF evaluará cómo fueron vulnerados los derechos de los adolescentes involucrados para trabajar de manera directa con las familias. Herrera subrayó que la atención tardía del bullying suele escalar y derivar en crisis graves, como la registrada en esta secundaria de Monclova.

Finalmente, la procuraduría indicó que espera el informe oficial de la Secretaría de Educación para intervenir caso por caso, con el objetivo de garantizar la restitución de derechos y la seguridad de la comunidad escolar.