El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió este martes 7 de mayo los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta autorización para que su personal porte armas. A través de una tarjeta informativa, la institución aseguró que dicha versión es completamente falsa.

Según el SAT, la reciente reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no implica, ni ahora ni en el futuro, que los trabajadores del organismo puedan estar armados. La aclaración llega tras la difusión de comentarios en redes que malinterpretan el alcance de los cambios legislativos aprobados el 30 de abril.

El SAT explicó que únicamente cuenta con una licencia otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para fines de “seguridad privada en los bienes”, lo que permite proteger edificios, pero no autoriza el uso de armas por parte de su personal operativo o administrativo.

La institución también reiteró su compromiso con la promoción de la cultura de la paz y subrayó que mantiene campañas permanentes de desarme como parte de su política institucional.

La reforma, enviada al Congreso por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por unanimidad con 105 votos a favor, introduce cambios significativos en el control de armas en México. Entre ellos, permite que funcionarios de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Casa de Moneda, el Banco de México y el Centro Nacional de Inteligencia soliciten licencias de portación, siempre y cuando justifiquen su necesidad y cumplan con los requisitos legales.

Además de ampliar el universo de posibles portadores autorizados, la reforma busca endurecer las sanciones contra el tráfico ilícito de armas y la portación indebida de artefactos explosivos. Las penas por este tipo de delitos ahora van de siete a treinta años de prisión, con multas que pueden alcanzar hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para quienes usen explosivos, artificios o sustancias químicas reservadas exclusivamente para las Fuerzas Armadas, las sanciones serán de seis a doce años de cárcel, más multas de hasta trescientas veces el valor de la UMA.

Con estas medidas, el gobierno busca reforzar el control de armas y garantizar una regulación más estricta frente al uso indebido de este tipo de instrumentos en el país.