La Fiscalía General del Estado (FGE) fincó responsabilidad penal contra una secretaria adscrita a servicios periciales, acusada del delito de robo agravado cometido al interior de la propia institución. Lo más grave del caso es que la mujer presuntamente involucró a sus hijos menores de edad en la ejecución del ilícito.

Los niños fueron asegurados por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y actualmente permanecen bajo una medida especial de protección en un centro de asistencia social en Monclova.

De acuerdo con la subprocuradora regional de Pronnif, Martha Lucía Herrera Ramírez, la situación es delicada, ya que es la tercera ocasión en menos de un año que los menores son puestos bajo resguardo del Estado. “Es la tercera vez que ingresan al centro de asistencia social en un término de ocho o nueve meses”, indicó.

Los menores fueron entregados a la Pronnif una vez que se giró la orden de aprehensión contra su madre. Según el diagnóstico psicológico realizado por especialistas, los niños fueron manipulados e instruidos para participar en conductas delictivas. “Se comprobó que, de una u otra manera, sí habían estado siendo instruidos por parte de la madre para realizar conductas que pudieran ser tipificadas como delito”, explicó Herrera Ramírez.

Actualmente, no cuentan con una red familiar adecuada. En ocasiones anteriores, los menores fueron entregados a familiares, pero las medidas de acogimiento fallaron. “La primera vez regresaron con una familia de apoyo, pero en la segunda ocasión fueron devueltos, y ahora vuelven a quedar bajo tutela del Estado”, detalló la funcionaria.

El resguardo temporal, con duración inicial de 90 días, puede ser ampliado por otro periodo similar. Durante ese tiempo, las autoridades esperan encontrar algún familiar que reúna las condiciones necesarias para asumir la custodia. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una opción viable.

En el centro de asistencia social, los menores reciben atención psicológica y cuidados especializados, mientras se define su situación. “Aún es pronto para determinar cuál será su futuro. Por ahora, lo prioritario es proteger su integridad y garantizar que no regresen a entornos que los expongan nuevamente a violencia o delitos”, puntualizó Herrera Ramírez.

El caso ha causado preocupación entre autoridades y sociedad civil, al poner en evidencia las consecuencias de un entorno familiar disfuncional y el papel fundamental de las instituciones en la protección de los derechos de la infancia.