El Senado de México aprobó el miércoles en lo general y en lo particular la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena).

Con 86 votos a favor y 42 en contra, la propuesta del Ejecutivo, presentada el pasado 5 de febrero, fue aprobada tras un intenso debate de más de ocho horas.

La reforma, que previamente había sido avalada por la Cámara de Diputados, deberá ser ratificada por al menos la mitad más uno de los congresos estatales y la Ciudad de México, para su entrada en vigor.

El dictamen modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que la GN, una fuerza de seguridad pública permanente con personal de origen militar y naval, dependerá directamente de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Uno de los objetivos clave de la reforma es asegurar que la Guardia Nacional mantenga el mismo nivel de disciplina, formación y adiestramiento que las fuerzas armadas, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos y proporcionando el marco legal necesario para su actuación en tareas de seguridad.

De ser aprobada por los congresos locales, la reforma entraría en vigor con el inicio del nuevo Gobierno de México el 1 de octubre.

El uso de fuerzas militares en labores de seguridad pública en México comenzó hace más de una década, cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una ofensiva contra el crimen organizado y el narcotráfico debido a la insuficiencia y corrupción de las policías civiles.

Sin embargo, organizaciones y expertos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por esta medida, advirtiendo que el control militar de la GN podría incrementar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.