Un servicio de refugiados en el estado estadounidense de Texas presentó una demanda el lunes contra la Administración Trump, acusando a la Casa Blanca de congelar «ilegalmente» más de 36 millones de dólares destinados a ayudar a unos 100.000 inmigrantes autorizados en el estado.
Catholic Charities Fort Worth (CCFW), la organización matriz de la Oficina de Texas para los Refugiados, declaró que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., bloquearon fondos que proporcionan ayuda a «aquellos que huyen de la persecución en sus países de origen», según un comunicado de prensa de la CCFW.
El grupo de ayuda dijo que los reembolsos a la agencia no se han reanudado desde que la Administración Trump rescindió un memorando para congelar todos los pagos de subvenciones federales a finales de enero.
«Muchas entidades han recibido su financiación federal en las semanas transcurridas desde el intento de congelación de fondos», señala la denuncia. «La CCFW no ha podido disponer de ningún fondo y no ha recibido ninguna indicación de por qué sus fondos permanecen congelados».
La financiación cubre el coste de servicios como el desarrollo de la mano de obra, la asistencia en dinero efectivo, el manejo de casos y las clases de inglés para aproximadamente 100.000 inmigrantes autorizados en todo el estado, según la CCFW, que presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito en Washington, D.C.
La demanda del lunes sugiere que la falta de pagos ha provocado recortes o despidos de personal en 24 de las 29 organizaciones de Texas que reciben reembolsos federales por prestar servicios de apoyo a los refugiados, según un informe del diario Austin American-Statesman.
El informe precisa que el Gobierno de Estados Unidos aceptó refugiados de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales después de una cuidadosa revisión, y señala que Texas recibió casi 11.000 refugiados en 2024, la mayoría de ellos provenientes de Afganistán, Venezuela o la República Democrática del Congo.
El caso de Catholic Charities es la última en la creciente lista de acciones judiciales contra la Administración Trump. El mes pasado, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos demandó a la Administración Trump por temas similares.
