La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo, al considerar que la reforma representa un avance en la agilización de procesos judiciales y una herramienta para evitar abusos por parte de deudores fiscales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la modificación busca impedir que el sistema judicial sea utilizado para retrasar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Según la mandataria, actualmente incluso después de un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los deudores pueden presentar nuevos amparos en la etapa de ejecución, lo que alarga los procesos durante años.

La reforma plantea que, en caso de que se solicite un nuevo amparo tras una resolución definitiva de la Corte, la persona deberá depositar el monto reclamado de forma precautoria para que el procedimiento continúe.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es que la justicia sea “más rápida y expedita”, y que las autoridades puedan actuar con mayor eficacia en la recuperación de recursos públicos, siempre bajo la evaluación del juez correspondiente.

Además, se refirió al papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalando que con la legislación vigente, una persona con cuentas congeladas por sospechas de lavado de dinero puede obtener una suspensión y disponer de los fondos. Con la reforma, las cuentas permanecerán bloqueadas durante la investigación, y solo serán liberadas si el juez determina que no hay elementos suficientes.

La nueva redacción del transitorio fue aprobada en comisiones sin efectos retroactivos, por lo que solo aplicará a casos futuros. Entre sus objetivos centrales están acelerar los procesos judiciales, evitar el uso abusivo del amparo para alargar procedimientos, y frenar tácticas legales para eludir responsabilidades fiscales.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas. Legisladores de oposición y especialistas advirtieron que podría restringir derechos de defensa y limitar la protección judicial, especialmente en casos donde las personas enfrentan decisiones arbitrarias de la autoridad.

A pesar de las objeciones, el dictamen avanzó en comisiones y se espera su próxima discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, antes de ser enviado de regreso al Senado para su revisión final.