La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que los 28 menores rescatados por la Secretaría de Marina (Semar) en aguas del Pacífico estén relacionados con el crimen organizado. La mandataria explicó que los adolescentes, en su mayoría originarios de Chiapas, se dirigían a trabajar en labores agrícolas y no formaban parte de ningún grupo delictivo.

Durante su conferencia matutina de este viernes, conocida como la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum señaló que la persona adulta que los acompañaba fue detenida y se investiga un posible caso de explotación infantil. Los jóvenes permanecen bajo custodia de las autoridades competentes para garantizar su seguridad y bienestar.

“Los menores no estaban involucrados en ninguna actividad ilícita. Se trata de jóvenes que iban a laborar al campo y que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes”, afirmó la presidenta, destacando la coordinación entre la Marina y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para brindarles atención integral.

El operativo de rescate fue ejecutado por personal de la Secretaría de Marina, que localizó una embarcación a la deriva frente a las costas de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, 27 de los adolescentes tienen entre 14 y 17 años, mientras que uno más tiene 18.

Los reportes oficiales indican que la embarcación levantó alertas al navegar sin rumbo fijo en altamar, lo que motivó la intervención de las fuerzas marítimas. Tras el rescate, los menores fueron trasladados a tierra firme y entregados al SIPINNA, donde reciben atención médica, psicológica y jurídica.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que todos los jóvenes son originarios de Chiapas, entidad fronteriza con Guatemala, y que se investiga la red de traslado que los llevó hacia el norte del país. Las autoridades federales no descartan que existan más implicados en el caso.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una política de protección a niñas, niños y adolescentes, así como acciones conjuntas con la Marina, la Fiscalía y las instancias de bienestar social para prevenir casos de explotación o trata laboral en el país.