Ciudad de México .- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de establecer criterios uniformes para la investigación de este delito en todas las fiscalías del país y avanzar hacia la cero impunidad.

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria señaló que es necesario que todas las fiscalías estatales trabajen bajo los mismos protocolos para evitar diferencias en la investigación de los casos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Sheinbaum destacó que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres y afirmó que, aunque estos delitos han mostrado una tendencia a la baja, aún existen casos que permanecen sin sanción. Por ello, sostuvo que la estrategia debe enfocarse tanto en la prevención como en la erradicación de la impunidad.

La presidenta también advirtió que en algunas entidades los feminicidios continúan siendo clasificados erróneamente como suicidios, lo que retrasa las investigaciones y dificulta el castigo de los responsables. En ese sentido, explicó que la nueva legislación busca impedir estas prácticas mediante la homologación de criterios y procedimientos en todo el país.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. Entre sus principales propuestas se encuentra la homologación del tipo penal de feminicidio, definiéndolo como el asesinato de una mujer por razones de género.

La iniciativa contempla una pena de entre 50 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito, además de establecer 19 agravantes que permitirán incrementar la sanción en casos específicos, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el delito sea cometido por un servidor público o mediante el uso de sustancias corrosivas.

Asimismo, el proyecto prevé sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda y custodia, la pérdida de derechos sucesorios y la destitución e inhabilitación de servidores públicos involucrados.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la propuesta establece la obligación de aplicar protocolos especializados con perspectiva de género, fortalecer la coordinación entre instituciones y garantizar investigaciones con debida diligencia desde el inicio del proceso hasta la ejecución de las sentencias.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que la iniciativa también fortalece los derechos de las víctimas y de sus familias, incluyendo el acceso a la verdad, la justicia, atención médica y psicológica de emergencia, así como la reparación integral del daño y acciones de protección para niñas, niños y adolescentes afectados de manera indirecta.

Finalmente, la propuesta contempla campañas permanentes de prevención, actualización de protocolos especializados y la creación de grupos técnicos de apoyo para fortalecer la respuesta institucional frente al delito de feminicidio.