El gobierno de Sonora ordenó el cierre temporal de todas las tiendas Waldo’s en la entidad, tras el incendio ocurrido en una de sus sucursales en Hermosillo, donde 23 personas murieron y 12 resultaron lesionadas.

El secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo, informó que la decisión se tomó luego de confirmarse que la tienda siniestrada no contaba con un programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, requisito indispensable para operar de forma legal y segura.

“En 2021, ya en esta administración, se concluyó en sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la Fiscalía”, precisó el funcionario.

Salazar Razo explicó que se instruyó al propietario de la cadena a cerrar las 68 sucursales de Waldo’s ubicadas en Sonora, con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento de normas de seguridad, en coordinación con los gobiernos municipales.

“Se le instruyó cerrar cada una de las 68 instalaciones en el estado para iniciar una revisión profunda que garantice la seguridad de la gente”, añadió.

El funcionario indicó que ninguna tienda podrá reabrir hasta que se confirme que no representa riesgo para trabajadores ni consumidores.

De acuerdo con los registros oficiales, Waldo’s obtuvo su primer programa interno de Protección Civil en 2019, durante la administración estatal anterior, y fue revalidado en 2020. Sin embargo, durante una nueva evaluación realizada en 2021, el documento fue rechazado por incumplir con los requisitos establecidos.

Pese a la falta de autorización, la sucursal de Hermosillo continuó operando, hasta que un incendio y posterior explosión provocaron la tragedia ocurrida el sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:06 horas.

Durante una conferencia de prensa, en la que participaron el fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, y autoridades municipales, se informó que la principal hipótesis del siniestro apunta a la explosión de un transformador perteneciente al propio establecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) mantiene abiertas las investigaciones penales y administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes por el incendio, así como por las irregularidades en materia de protección civil y permisos de operación.