Trasladan a José Luis Abarca a penal en Coahuila

Este traslado ocurre casi 11 años después de su aprehensión y en medio de sentencias judiciales acumuladas por diversos delitos, entre ellos homicidio y secuestro

José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala y presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue trasladado del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

El movimiento se realizó el pasado 30 de abril, según informó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal. Abarca permanecía recluido en El Altiplano desde noviembre de 2014, tras su detención por delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero.

Este traslado ocurre casi 11 años después de su aprehensión y en medio de sentencias judiciales acumuladas por diversos delitos, entre ellos homicidio y secuestro.

En abril de 2024, Abarca fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio calificado de Justino Carvajal Salgado, síndico municipal y sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, asesinado en 2013 tras un conflicto con el entonces alcalde.

Un año antes, en mayo de 2023, el exfuncionario recibió una condena de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, incluidos sus líderes Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez, asesinados en Iguala en 2013. Otros tres miembros del grupo también fueron privados de su libertad.

Las investigaciones señalan que los crímenes fueron motivados por las exigencias de los campesinos al gobierno municipal, en busca de apoyos como fertilizantes para sus cultivos.

En 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra Abarca, acusándolo de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, así como de su participación en homicidios y secuestros cometidos en Guerrero.

El caso de José Luis Abarca ha sido uno de los más emblemáticos en México, al vincularse con redes de corrupción, crimen organizado y violaciones graves a los derechos humanos. Su traslado a un nuevo penal representa un nuevo episodio en su largo proceso judicial.

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