Universidades de Argentina concluyeron el martes un paro nacional de 48 horas en reclamo de mejoras salariales para el personal docente y no docente, así como en demanda de fondos presupuestarios para su normal funcionamiento este año y en 2025.

La medida de protesta se realizó luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetara a comienzos de este mes la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que aprobó el Congreso en septiembre y que el Ejecutivo anuló por considerarla contraria a su política de «déficit cero».

El paro nacional fue convocado por distintas entidades gremiales y es otra versión de reclamos similares realizados en los pasados meses de agosto, septiembre, mientras el del martes es el tercero convocado en octubre.

El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Carlos De Feo, dijo que una consecuencia de la falta de financiamiento a las casas de estudio es la deserción de alumnos.

«Lo vimos al inicio del segundo semestre, cuando volvimos después del receso invernal, la cantidad de alumnos en el aula se había reducido, en algunos casos alrededor del 30 por ciento», dijo De Feo.

Según De Feo, la deserción «tiene que ver con un marco general del país, en lo económico, que es muy grave, pero también con una incapacidad de la universidad de aportar la ayuda para que esos chicos puedan seguir estando, como sucedía antes».

«Tenían becas de un valor razonable, hoy las becas son ridículas. Por eso digo que hay virulencia de parte del Gobierno y una pacífica, pero firme, resistencia que se está haciendo desde dentro de las universidades», agregó el dirigente gremial.

La comunidad universitaria de Argentina ha denunciado que más del 60 por ciento de los docentes y del personal no docente está por debajo de la línea de la pobreza, por lo que reclama una recomposición salarial y el aumento del presupuesto universitario.

La Ley de Financiamiento que había aprobado el Congreso el 12 de septiembre declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario y, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tiene un impacto fiscal equivalente al 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En contraste, el Gobierno de Milei aseguró que debió anular la Ley de Financiamiento por ser contraria a la política oficial de «déficit cero» y por no explicar con qué recursos se solventaría el mayor desembolso.

Según un reciente reporte de la Universidad de Buenos Aires, la mayor de Argentina por caudal de alumnos y de la que egresaron los cinco Premios Nobel del país, esa casa de estudios enfrenta este año una reducción del 26 por ciento en términos nominales y del 80 por ciento en términos reales de su presupuesto para educación, salud, ciencia, técnica y hospitales universitarios.

Además, de acuerdo con datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, la inversión nacional en educación dentro del Presupuesto 2024 se contrajo un 40 por ciento este año en comparación con 2023.

En ese marco, el Gobierno argentino ha dicho que la discusión del financiamiento universitario debe realizarse cuando el Congreso trate el Presupuesto 2025, a la vez que ha enfatizado que aspira a auditar el gasto de las unidades académicas a fin de comprobar que los fondos llegan «a los estudiantes y profesores».

«El 89 por ciento de los fondos transferidos a las universidades entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos. Los argentinos merecen saber qué se hace con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de los estudiantes. Si nada tienen que ocultar, ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas», dijo recientemente a la prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.