Especialistas, activistas y organizaciones civiles alertaron sobre los vacíos legales en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, que podrían ser aprovechados por el crimen organizado para obtener concesiones y operar redes ilegales. Durante un conversatorio en el Senado, se subrayó la urgencia de reformar la normativa para garantizar la seguridad, la transparencia y la protección de derechos fundamentales.

El encuentro, titulado “Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, fue el primero de cinco conversatorios organizados por el Senado. Contó con la participación de 25 expertos y se extendió por más de seis horas. Entre los temas abordados estuvieron la geolocalización de usuarios, el acceso a datos sin orden judicial y la falta de filtros que impidan que grupos criminales accedan a concesiones.

Javier Corral, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, enfatizó que las reformas deben construirse con base en argumentos y no en fobias, destacando la necesidad de empatía y análisis profundo para enriquecer la ley.

Uno de los puntos más debatidos fue la obligación legal impuesta a las empresas de telecomunicaciones de almacenar datos de geolocalización de usuarios durante años. Óscar Mondragón, del colectivo Libre Internet para Todos, advirtió que, en un entorno de corrupción institucional, estos datos pueden caer en manos de secuestradores o narcotraficantes.

Asimismo, se denunció que la ley permite al Ministerio Público acceder a la localización en tiempo real de dispositivos móviles sin orden judicial. Activistas como Jesús Robles Maloof consideraron esta medida una amenaza directa a periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente en zonas con alta violencia.

Adriana Lombardi Inzunza, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), destacó la necesidad urgente de otorgar soporte legal a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Señaló que actualmente no existen herramientas legales para evitar que solicitantes con vínculos al crimen organizado obtengan concesiones.

La ONG Artículo 19 también expresó su preocupación. En un comunicado, denunció que la ley viola derechos como la privacidad y la libertad de expresión, al permitir la censura de contenidos en línea sin control judicial, lo que podría ser utilizado por grupos delictivos para silenciar críticas.

En la práctica, ya se han detectado casos concretos de criminales operando redes ilegales. En Michoacán, por ejemplo, el grupo “Los Viagras” montó una red clandestina de internet, obligando a los pobladores a contratar sus servicios bajo amenaza de violencia. Empresas como Megacable han denunciado extorsiones, sabotajes e incluso cortes de energía por parte de grupos delictivos y autoridades locales.

Ante este panorama, los participantes del foro propusieron reformas que incluyan filtros estrictos en el proceso de concesión, así como mayores garantías para la protección de datos personales. También solicitaron reforzar la supervisión del sector y proteger los derechos de los ciudadanos frente al uso abusivo de herramientas digitales.

En conclusión, la actual Ley de Telecomunicaciones contiene vacíos legales que representan un riesgo para la integridad del sector y la seguridad de la población. Los expertos coinciden en que es urgente reformarla para blindar las telecomunicaciones frente al crimen organizado y garantizar un entorno más justo, seguro y transparente.