El vicealmirante Salvador Camargo Vivero, exdirector de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, solicitó un amparo para evitar su detención en el marco de una investigación por presunto contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. La solicitud fue presentada por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien argumentó que el alto mando naval no se encuentra actualmente en México.

El caso penal, identificado como el expediente 305/2025, está relacionado con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 de la Fiscalía General de la República (FGR), que indaga una red de importaciones irregulares de hidrocarburos a través del puerto de Tampico.

Según declaraciones ante la FGR de un exfuncionario portuario identificado como HRV, durante la gestión de Camargo Vivero, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, ingresaron entre 20 y 23 embarcaciones con carga supuestamente irregular. Uno de los casos más relevantes fue el del buque Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo con 10 millones de litros de diésel procedente de Estados Unidos, declarado como aditivo de aceites.

El testigo señaló que tanto Camargo como Javier Antonio Martínez —gerente de Administración y Finanzas de ASIPONA— autorizaron el ingreso de las embarcaciones a través de la aduana 290. Martínez ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que fortaleció las sospechas sobre el vicealmirante.

En su solicitud de amparo, el abogado Jiménez Valencia afirmó que su cliente no ha sido notificado ni citado por ninguna autoridad judicial. Añadió que Camargo Vivero no tenía facultades aduaneras para aprobar importaciones y que dejó su cargo dos meses antes de la incautación del buque mencionado, por lo que no tendría responsabilidad directa.

La defensa también argumentó que el vicealmirante enfrenta riesgos a su integridad física, libertad personal y vida, por lo que solicitó protección judicial integral. No obstante, el juez Sexto de Distrito en materia penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, solicitó aclaraciones a la demanda el 10 de septiembre y dio cinco días para responder.

A pesar de la solicitud, el juez no concedió la suspensión de plano, lo que significa que no se otorgó una protección inmediata contra una posible detención. Hasta ahora, la defensa no ha respondido a la prevención judicial, lo que mantiene en incertidumbre si el amparo será aceptado o desechado en los próximos días.

Este caso forma parte de una investigación más amplia por parte de la FGR sobre el contrabando de combustibles en el Golfo de México, una práctica que genera pérdidas millonarias al Estado y expone posibles redes de corrupción en puertos y estructuras navales.