El gobierno federal destituyó a funcionarios de alto nivel en las aduanas de la frontera norte, tras detectar su presunta participación en una red de contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos. El operativo, encabezado por el gabinete de seguridad, incluye solicitudes de órdenes de aprehensión contra administradores, subadministradores y agentes aduanales.

Las aduanas intervenidas están ubicadas en Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada. Además, dos agentes aduanales fueron suspendidos de sus funciones mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) preparan las acciones legales correspondientes.

Las investigaciones revelan que los funcionarios permitieron el ingreso de millones de litros de gasolina a México mediante contrabando técnico. Declaraban la entrada de sustancias como “aditivos para aceites”, “sosa cáustica” o “nitratos”, aunque en realidad se trataba de combustible.

A través de este mecanismo, buques y carrotanques lograron entrar al país sin pagar impuestos, a cambio de sobornos millonarios. Por esta razón, la FGR ya suspendió a dos agentes y clausuró un almacén en Toluca. No obstante, se espera que haya más órdenes de aprehensión contra involucrados en todo el país.

Las indagatorias apuntan a varios casos concretos. El 10 de marzo, el buque tanque High Challenge, con bandera de Liberia, intentó ingresar 50 millones de litros de combustible ilegal en el puerto de Tampico. El 20 de marzo, el buque Torm Agnes, propiedad de una empresa china, fue detectado con 10 millones de litros más. El 31 de marzo, el Challenge Procyon, con bandera de Singapur, transportaba otros 20 millones de litros.

En los cruces terrestres, el patrón se repitió. El 23 de junio, en la aduana de Nuevo Laredo, se decomisaron 80 pipas y 100 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 20 millones de litros de combustible.

Todos los registros de ingreso en estos casos reportaban falsamente mercancías como “aceite quemado”, “aditivos” o “desechos industriales”. Este modus operandi llamó la atención de agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses, lo que derivó en operativos conjuntos.

Desde septiembre de 2020, las 49 aduanas del país fueron puestas bajo custodia de la Sedena y la Marina para frenar la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, el gobierno federal detectó un repunte en el contrabando de combustible, por lo que, en abril de 2025, se lanzó una nueva estrategia en al menos seis aduanas del norte del país, con apoyo de la Guardia Nacional.

Reportes oficiales indican que entre el 31 de enero y el 16 de marzo de 2025 ingresaron 10 buques tanque al puerto de Tampico, descargando combustible ilegal dos veces por semana, lo que representa ganancias multimillonarias para las redes de huachicol.

Las investigaciones también alcanzan a comercializadoras y distribuidoras de hidrocarburos, cuyos permisos las autorizan para vender y transportar combustible a consumidores o intermediarios. La FGR está analizando si estas empresas actuaron de forma coludida.

Entre mayo de 2015 y junio de 2024, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) recibió 983 solicitudes para comercialización de hidrocarburos. Solo el 40% accedió al mercado; 586 permisos siguen vigentes, y 259 más están en proceso.

Aunque las pesquisas alcanzan a estas compañías, el foco está en los agentes aduanales, señalados como pieza clave para facilitar el ingreso ilegal del llamado huachicol fiscal. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, encabezada por Alfredo Higuera Bernal, integra las carpetas de investigación correspondientes.