Equipos de la Fiscalía de Jalisco sacaron del fondo de una quebrada en la colonia Mirador Escondido, al norte de Zapopan, decenas de bolsas con restos humanos, entre martes y miércoles. Al menos cinco de las bolsas contenían cuerpos que coincidían con las descripciones de la misma cantidad de presuntos trabajadores del centro de llamadas desaparecidos, que hasta ayer sumaban ocho, según fuentes familiarizadas con las investigaciones.

La Fiscalía no ha brindado información adicional, pero anoche emitió un comunicado en el que dijo que luego de reunirse con los familiares de los ausentes, les informó que habían descubierto «indicios de personas fallecidas no identificadas que, en un cruce de sección de información preliminar, coincidió con las características físicas de algunos de los jóvenes buscados”.

La dependencia agregó que está a la espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emita los dictámenes correspondientes para confirmar la identidad de los cuerpos que fueron descubiertos en al menos 50 bolsas hasta ayer en la colonia Mirador Escondido.

La fiscalía añadió que “la extracción en dicha zona no ha culminado y seguirán los trabajos hasta agotar la recolección de indicios, aun en condiciones complejas por la profundidad (40 metros) y la pendiente, con la participación de diversas instituciones”.

Juan Antonio, de 34 años, quien fue visto por última vez el 22 de mayo cuando se dirigía al supuesto centro de llamadas en Zapopan, fue reportado como desaparecido por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) ayer por la mañana, según informes de prensa. Fue el octavo empleado de esa empresa cuya ausencia fue denunciada.

Las autoridades afirman que el negocio antes mencionado carecía de licencias municipales y se enfocaba únicamente en la comercialización y recaudación fraudulenta de alojamiento estilo tiempo compartido.

Los familiares manifestaron que las autoridades estatales se han «excedido» y han optado por criminalizar a los jóvenes en lugar de buscarlos. Como resultado, instaron al gobierno federal a hacerse cargo de las investigaciones.

También el jueves, y por tercer día consecutivo, familiares de Sandra Anal Ramrez Hernández, de 33 años, quien desapareció camino al trabajo el lunes, marcharon por la avenida Vallarta hasta el Periférico Poniente y cerraron brevemente esa vía para exigir que la mujer sea encontrada con vida.

Veinte coches patrulla y decenas de antidisturbios municipales y viales también acompañaron a los manifestantes; a diferencia del martes pasado, los inconformes no fueron objeto de represión policial esta vez.

El gobernador Enrique Alfaro afirmó en una entrevista posterior a la celebración del Día de la Marina en Puerto Vallarta que “eventos como los que hemos visto en estos días ponen en evidencia que el crimen organizado no tiene límites, que es una agenda en la que tenemos que seguir trabajando”. Continuó, sin embargo, que algunas personas intentan convertir este asunto en un «botín político».