El mes pasado, para ser exactos el día 10 de mayo, el mero “Día de las Madres”, el gobernador republicano de la Florida, Ron De Santis, firmó la SB-1718—previamente votada por ambas Cámaras del Congreso estatal. Y con ello, dejó de ser propuesta para convertirse en ley y entrará en vigor el próximo primero de julio.
A partir de esa fecha, la SB-1718 :
*Limitará el acceso a servicios sociales a todos los trabajadores indocumentados.
*Asignara millones de dólares para expandir el programa de De Santis para la reubicación de indocumentados en otros estados y ciudades gobernadas por demócratas.
* Invalidará las licencias de conductor otorgadas a indocumentados por otros estados lo que permitirá la confiscación de los vehículos de estos últimos, así como su arresto y entrega a las autoridades de inmigración para su deportación inmediata.
*Requerirá que aquellos hospitales que reciban fondos públicos por medio de programas como “Medicaid” (seguro médico) demanden y comprueben el estatus migratorio de los enfermos que necesiten de atención médica.
* Obligará a empleadores privados con nóminas de 25 o más trabajadores que utilicen el sistema “E-verify”, el banco de datos federal que los patrones utilizan para confirmar la elegibilidad para trabajar legalmente en los EU.
Abusos de autoridad
Desde la firma de la ley SB-1718 se ha documentado y se han reportado un sinnúmero de abusos de autoridad, donde presuntos indocumentados son detenidos de forma arbitraria por policías de las diversas corporaciones de las fuerzas del orden sin que se les respeten su derecho constitucional a debido proceso (“due process”) y basándose en un claro perjuicio racista conocido como el “perfil racial” se les exige, a estos conductores, a que se identifiquen con su licencia de conductor y de no poder producirla, son arrestados, encarcelados y deportados de forma expedita.
Quienes se atreven a cuestionar el proceder de las autoridades se les rompen los cristales de sus autos para luego ser extraídos de forma violenta de sus respectivos vehículos para, aparte de ser acusados de conducir sin la debida licencia, sumarles el cargo de “resistirse” a la autoridad.
Más allá de los abusos de autoridad en contra de los trabajadores indocumentados, una lamentable e inaceptable consecuencia de la Ley SB-1718, es que ha motivado a sectores racistas de la sociedad Floridana a envalentonarse y sumarse a una creciente ola de abusos en todos los órdenes sociales en contra de los trabajadores inmigrantes de todas las nacionalidades que radican y trabajan en ese importante estado.
El efecto entre nuestra gente de estas acciones por parte de la ultraderecha estadounidense no se ha hecho esperar y una suerte de miedo y angustia colectiva ha invadido a los cerca de 800,000 indocumentados que se calcula se encuentran en la Florida trabajando en industrias estratégicas como la agricultura (la segunda más importante en la nación después de la de California), la construcción, los servicios (hoteles, restaurantes, bares, limpieza y servicios domésticos), transporte, jardinería, entre muchos otros renglones de la economía.
De forma paralela se comienzan a resentir consecuencias no previstas entre toda la sociedad de ese rico estado sureño. Presas del pánico muchos trabajadores indocumentados han abandonado sus puestos de trabajado y muchos más han llegado al extremo de abandonar el estado buscando evitar que se les arreste y se les deporte. Ya es común observar que enormes obras de construcción de infraestructura, carreteras y edificios en las ciudades de Miami, Tampa, Jacksonville, y Tallahasee (la capital del estado) están paradas y abandonadas. Las cosechas de los cultivos cítricos (naranjas, toronjas, limones, mandarinas y un sinnúmero de otros productos agrícolas) se están pudriendo por todos los campos de ese rico territorio.
Disgusto empresarial
Las pérdidas económicas empujan hacia la ruina a todo tipo de consorcios e intereses agrícolas. Tan es así, que empresarios de las empresas y negocios afectados ya le están reclamando a los legisladores del estado que tomen medidas urgentes, lo antes posible, para revertir este proceso que si no se para los llevara de forma inevitable a la ruina con todo y sus negocios. Más que Donald Trump, son estas mujeres y varones emprendedores quienes se han convertido en la amenaza más seria a las ambiciones del gobernador Ron De Santis, de algún día ser presidente de EU.
El malestar colectivo que políticos vulgares como Ron De Santis y Greg Abbot (Texas) han provocado entre todo el pueblo trabajador de origen mexicano/latino, para no nombrar a los otros 24 republicanos que gobiernan estados de la nación, ha sido enorme. Por eso ya se han escenificado acciones públicas de todo tipo a lo largo y ancho de la nación para expresar nuestra voluntad de ser solidarios con nuestras hermanas y hermanos inmigrantes de la Florida.
Aparte de lo que ya se ha hecho, una coalición de organizaciones pro inmigrantes nos hemos unido para impulsar acciones encaminadas a revertir el daño que está causando la SB-1718. En un espíritu de respeto a todas y a todos, hace semanas convenimos impulsar una caravana que recorrerá California hasta la Florida. Bautizamos a esta Caravana con el nombre de “Todos Somos Florida”.









