El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, puso en marcha en 2026 un registro nacional obligatorio de líneas móviles, con el propósito de asociar cada número telefónico a la identidad de su titular. La medida, respaldada por la autoridad reguladora en telecomunicaciones, busca frenar delitos como extorsiones, fraudes y el uso anónimo de celulares.

Bajo este nuevo esquema, los usuarios deberán vincular sus líneas a datos personales verificables. El trámite, que es gratuito y puede realizarse en línea o de forma presencial según la compañía, solicita información básica como identificación oficial, CURP (o CURP temporal para extranjeros), y en el caso de empresas, el RFC. En procesos digitales, también se contempla una validación biométrica mediante foto o video.

Cada persona podrá registrar hasta 10 líneas, una limitación diseñada para evitar el uso masivo e irregular de números. El plazo para cumplir con este requisito vence el 30 de junio; de no hacerlo, las líneas serán suspendidas temporalmente, lo que implica la cancelación de llamadas, mensajes y datos móviles.

No obstante, la disposición contempla excepciones. Quedan fuera del registro los dispositivos sin funciones de llamada o SMS, líneas institucionales, equipos como tablets, así como menores de edad —cuyas líneas deberán ser registradas por sus tutores— y usuarios cuyos datos ya hayan sido validados previamente al contratar el servicio.